El rapero y productor estadounidense Sean “Diddy” Combs fue trasladado el 16 de octubre de 2026 de la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, a la institución correccional federal de Allenwood Low, en Pensilvania, mientras continúa cumpliendo una condena de 50 meses por delitos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución.
El movimiento ocurre después de que surgieran señalamientos sobre presuntos privilegios que habría mantenido dentro de la cárcel.
De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, entre los supuestos beneficios de los que disfrutaba se encontraban el acceso a coñac, teléfonos celulares no autorizados, comidas especiales y servicios personales proporcionados por otros internos, como limpieza de su celda, lavado de ropa y masajes.
Puff Diddy vs. THE KINGPIN Diddy was rushed out of prison by ambulance with a head injury. TMZ says it came from a fight with Jamaican drug lord Christopher “Dudus” Coke. The reason? An NBC exposé on Diddy’s “luxury” prison life triggered raids at Fort Dix, and inmates, Dudus included, lost their phones. They blamed Diddy. Both are now in solitary for two weeks. Prison officials haven’t confirmed the fight. #Diddy #Dudus #FortDix https://t.co/nTyIwwUEaA
— Monte Cristo (@Ferm0s) October 14, 2026
Estas acusaciones fueron difundidas a partir de testimonios de reclusos y no deben confundirse con hechos confirmados oficialmente. Las versiones también señalan que Combs habría tenido acceso a fotografías íntimas y redes sociales mediante dispositivos prohibidos.
Tras darse a conocer las acusaciones, fue colocado en una unidad de aislamiento y las autoridades le retiraron 41 días de reducción de condena por buena conducta, lo que modificó su fecha prevista de liberación al 2 de marzo de 2028.
El traslado se produjo también después de reportes sobre una lesión en la cabeza que habría sufrido durante su estancia en Fort Dix. Sin embargo, la versión de que fue consecuencia de una pelea fue negada por la Oficina Federal de Prisiones.
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El caso vuelve a poner sobre la mesa los cuestionamientos sobre el cumplimiento de las normas dentro de los centros penitenciarios y la posibilidad de que personas con recursos económicos e influencia mantengan condiciones privilegiadas incluso durante su encarcelamiento.
