Una investigación de Estados Unidos (EU) y Taiwán señala a José Ángel Rivera Zazueta, El Flaco, presunto operador del Cártel de Sinaloa, como coordinador del tráfico de precursores químicos, entre los que destaca el fentanilo.
Según el expediente de extradición, entre 2019 y marzo de 2022, El Flaco habría gestionado envíos desde China y Taiwán, con escala en Anchorage, Alaska, rumbo a Ciudad de México.
Además, autoridades estadounidenses aseguraron dos cargamentos de 25 kilogramos de 4-AP en Anchorage durante 2020. La investigación vincula esos decomisos con la presunta red criminal encabezada por El Flaco.
La DEA estima que 100 kilogramos de ese precursor pueden producir hasta 190 kilogramos de fentanilo, una sustancia que alimenta una crisis de sobredosis y representa un desafío para México y Estados Unidos.
La ruta que contradice el discurso oficial
En 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador negó que México produjera fentanilo en laboratorios clandestinos. Sin embargo, el expediente estadounidense describe una presunta cadena internacional de suministro de precursores químicos.
El caso vuelve a cuestionar las declaraciones oficiales sobre la fabricación de esta droga. No obstante, el tráfico de precursores hacia México no demuestra por sí mismo dónde procesaron cada cargamento ni cuánto fentanilo produjeron.
Rivera Zazueta cayó el 22 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, mediante una orden de detención provisional con fines de extradición. Un juez federal ordenó su internamiento.
El juzgado concedió a Estados Unidos un plazo de 60 días para formalizar la solicitud de extradición y presentar las pruebas correspondientes. El procedimiento determinará si las autoridades mexicanas autorizan su entrega.
EU también señala presuntos nexos políticos
En marzo de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Rivera Zazueta y le atribuyó apoyo financiero al terrorismo y tráfico internacional de cocaína, según la investigación citada.
El 29 de septiembre, la OFAC anunció sanciones contra 21 personas, entre ellas Rafael Buenrostro Martín y Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
La OFAC acusa a Buenrostro de utilizar favores e influencia política para impulsar las operaciones criminales de El Flaco. Las acusaciones requieren pruebas judiciales y una respuesta de los señalados para establecer responsabilidades.
Buenrostro, exjefe de Aduanas de Ciudad Juárez, aparece vinculado a la operación política de Julieta Ramírez, aspirante morenista a la gubernatura de Baja California. El caso abre interrogantes sobre posibles conexiones entre política y crimen organizado.
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Las sanciones estadounidenses constituyen señalamientos oficiales, no una sentencia penal. La extradición de Rivera Zazueta y el desarrollo de las investigaciones permitirán esclarecer el alcance de la red y sus presuntos vínculos políticos.
