El Congreso de Oaxaca aprobó con 35 votos a favor la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, en medio de una crisis institucional y de seguridad.
La decisión ocurrió apenas dos días después de la detención del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, durante un operativo de fuerzas estatales y federales.
La Fiscalía de Oaxaca señala al edil de Juchitán por su probable responsabilidad en extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Además, investiga presuntos vínculos con la célula criminal “Los Cromos”, relacionada por las autoridades con el CJNG.
En este contexto, el gobernador Salomón Jara Cruz pidió desaparecer el Ayuntamiento para permitir el nombramiento de un encargado de la administración municipal, quien asumirá temporalmente la conducción del gobierno local.
Crisis política y control de seguridad en Juchitán
La crisis no quedó limitada al ámbito político. Desde el 24 de septiembre, fuerzas estatales y federales asumieron tareas de seguridad en Juchitán y realizaron una intervención en la comandancia municipal.
El operativo incluyó el resguardo y revisión de las armas asignadas a policías municipales, mientras más de 250 elementos estatales participan en el despliegue de seguridad.
La desaparición del Ayuntamiento representa una medida extraordinaria frente a la ruptura de la conducción municipal, luego de que el alcalde fuera detenido y el gobierno local quedara sin una autoridad claramente establecida.
El Cabildo de Juchitán manifestó su disposición para acompañar las decisiones institucionales y recuperar la normalidad administrativa, priorizando la continuidad de los servicios públicos.
La determinación legislativa abre ahora una nueva etapa: la administración municipal quedará temporalmente bajo una figura encargada de mantener los servicios, atender los asuntos públicos y garantizar la operación del Ayuntamiento.
El caso coloca a Juchitán ante una crisis institucional inédita, vinculada directamente con una investigación penal contra su presidente municipal y con la intervención de las fuerzas de seguridad.
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La desaparición del Ayuntamiento no resuelve por sí misma las investigaciones contra los funcionarios señalados, pero modifica el control político y administrativo del municipio mientras avanzan los procesos judiciales.
