Un Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable a Elda Aurora Viñas Herrera, excontralora de Tamaulipas durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, por uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño indebido de funciones administrativas.
El fallo condenatorio fue emitido después de la audiencia de juicio oral realizada el pasado 15 de septiembre, correspondiente a la Carpeta Procesal CP/14/2025.
🔴 #Tamaulipas | Un Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable a Elda Aurora Viñas Herrera, quien se desempeñó como contralora estatal durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.
— Michelle Rivera (@michelleriveraa) September 17, 2026
El veredicto corresponde a los delitos de uso ilícito de atribuciones y desempeño… pic.twitter.com/s4dDqMlUTW
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas informó que durante el proceso presentó los elementos con los que sustentó la acusación contra la exfuncionaria.
De acuerdo con la acusación presentada ante el tribunal, Viñas Herrera autorizó pagos derivados de un contrato de prestación de servicios por honorarios a una persona que, al mismo tiempo, ocupaba el cargo de directora administrativa dentro de la propia Contraloría Gubernamental.
Los pagos cuestionados ascendieron a alrededor de 60 mil pesos y fueron realizados a Alejandra “N”, quien simultáneamente se desempeñaba como funcionaria y prestadora de servicios de la dependencia.
El caso resulta relevante debido a las funciones que tenía Viñas Herrera como titular de la Contraloría, dependencia encargada de vigilar, fiscalizar y controlar el ejercicio de los recursos públicos estatales.
La Fiscalía Anticorrupción señaló que la situación implicaba que la beneficiaria de los pagos mantenía una doble condición: por un lado, prestaba servicios mediante honorarios y, por otro, ocupaba un puesto dentro de la estructura administrativa de la propia Contraloría.
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Aunque el tribunal ya emitió un fallo condenatorio, la sanción todavía no ha sido determinada. El próximo 22 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, donde se establecerán las consecuencias jurídicas correspondientes.
