Justo Aurelio Rivera Parrazales, El Señor de los Lamborghinis, pasó de presumir Lamborghinis, Ferraris y propiedades millonarias a enfrentar un proceso penal por presunto lavado de dinero y delitos contra la salud; las pesquisas señalan de manera directa al exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad.
Durante la gestión de Omar Fayad, la Secretaría de Salud estatal asignó contratos millonarios a la compañía del presunto criminal.
Además, las autoridades federales lo señalan como presunto operador logístico y financiero del Cártel del Noreste, con vínculos investigados con La Barredora.
Sin embargo, el caso no termina con su captura. Rivera construyó negocios con gobiernos estatales y colocó empresas de insumos médicos dentro de la contratación pública.
La ruta documentada alcanza Hidalgo y Chiapas, donde compañías relacionadas con el empresario obtuvieron contratos o celebraron convenios con instituciones gubernamentales.
Gobierno de Omar Fayad otorgó contratos millonarios
En Hidalgo, Inmedicen, empresa fundada por Rivera, obtuvo contratos de la Secretaría de Salud durante el gobierno de Omar Fayad.
Entre 2019 y 2020, la compañía recibió más de 23 millones de pesos por adquisiciones de equipo médico y de laboratorio para hospitales estatales.
No obstante, la revisión documental deja un punto incómodo: Rivera había renunciado en febrero de 2019 a cargos y facultades dentro de Inmedicen, aunque posteriormente apareció como representante legal en documentación contractual.
Uno de los contratos identificados alcanzó 21 millones 71 mil 632 pesos para equipo médico y de laboratorio destinado a hospitales y unidades de distintas regiones de Hidalgo.
Por ello, la captura del empresario obliga a revisar quiénes participaron en esos procedimientos, qué controles aplicaron y quién verificó a los proveedores.
El gobierno de Julio Menchaca sostuvo que, hasta ese momento, no había identificado irregularidades que justificaran una investigación sobre aquellos contratos.
Pero el expediente penal federal coloca nuevamente esas operaciones bajo escrutinio.
Chiapas: negocios y puertas abiertas
Mientras tanto, empresas vinculadas con Rivera también mantuvieron actividades con instituciones de Chiapas.
Industrias Médicas Chiapanecas firmó en 2025 un convenio con la Secretaría de Seguridad del Pueblo para desarrollar capacitación y trabajo remunerado para personas privadas de la libertad.
El acuerdo no estableció una contraprestación económica para la empresa, según la documentación citada por El Universal.
Asimismo, la compañía suscribió un convenio con la Universidad Politécnica de Chiapas para colaborar en programas educativos, investigación y estancias estudiantiles.
La relación empresarial resulta relevante porque Rivera también aparece vinculado con Inmedicen, Diagnosis Centro de Diagnóstico Integral, Industrias Médicas Chiapanecas y Servimedic del Sureste.
Así, el empresario señalado por autoridades federales consiguió mantener una presencia empresarial que atravesó administraciones y entidades, mientras exhibía públicamente una vida de lujo.
El “Señor de los Lamborghinis” bajo proceso
Finalmente, fuerzas federales detuvieron a Rivera en Mérida durante un operativo con cuatro cateos simultáneos.
Las autoridades aseguraron 15 vehículos de alta gama, armas, cartuchos, dólares, joyería, una caja fuerte, dispositivos electrónicos y narcóticos, con un valor conjunto superior a 145 millones de pesos.
Después, la FGR obtuvo su vinculación a proceso por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.
El juez impuso prisión preventiva justificada y concedió cuatro meses para la investigación complementaria
La investigación también apunta hacia sus presuntos vínculos con La Barredora y el Cártel del Noreste, pero una acusación no equivale todavía a una sentencia.
En consecuencia, el verdadero desafío para las autoridades consiste en seguir la ruta del dinero: empresas, contratos, socios, funcionarios y posibles conexiones criminales.
La captura de Rivera no cierra el expediente. Lo abre.
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Porque si un empresario investigado por presunto lavado pudo operar durante años como proveedor y socio de instituciones públicas, la pregunta inevitable es quién revisó sus negocios, quién los autorizó y quién decidió mirar hacia otro lado.
