Mientras miles de ciudadanos enfrentan procesos judiciales prolongados, cinco magistrados del TSJ de Morelos viajarán a España durante 12 días sin dejar de cobrar su salario.
La decisión ha generado críticas entre abogados y legisladores, debido a que los funcionarios obtuvieron licencias con goce de sueldo para participar en el programa de Movilidad Estudiantil Internacional España 2026, que se realizará del 26 de octubre al 6 de noviembre.
Los magistrados beneficiados son Cecilia Verónica González, José Anuar González Cianci, Juan Gabriel Vargas y las hermanas María Luisa y Martha Sánchez Osorio.
De acuerdo con la información, cada uno percibe un sueldo mensual cercano a los 100 mil pesos.
El argumento oficial es que se trata de una actividad de capacitación vinculada con la función pública y que los propios magistrados cubrirán sus viáticos. Sin embargo, ahí aparece una de las principales interrogantes: si la capacitación es una actividad institucional, ¿por qué el costo de mantener sus salarios durante su ausencia debe recaer en el presupuesto público?
La ausencia simultánea de cinco magistrados adquiere especial relevancia ante el rezago que existe en los juzgados locales. Para los ciudadanos que esperan meses por una audiencia o por la resolución de sus asuntos, cualquier retraso representa tiempo, dinero y, en algunos casos, años de incertidumbre.
Por ello, el cuestionamiento va más allá del viaje: se trata de determinar si las instituciones están colocando sus prioridades en el lugar correcto.
El Foro Morelense de Abogados ha cuestionado la medida; incluso advirtió sobre el riesgo de que el pago de salarios durante la ausencia se convierta en un beneficio económico injustificado, particularmente si posteriormente se pretende solicitar el reembolso de otros gastos relacionados con la actividad.
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El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Isaac Pimentel Mejía, también pidió claridad respecto al eventual uso de recursos públicos. Aunque reconoció la autonomía constitucional del Poder Judicial, señaló que cualquier recurso público utilizado para el viaje debe ser comprobado y fiscalizado.
