México enfrenta una crisis creciente: más de 134 mil desaparecidos, mientras organismos internacionales cuestionan seriamente la respuesta del gobierno ante este fenómeno. El promedio diario de desapariciones pasó de 25 a más de 40 durante los últimos dos años, según un análisis basado en registros oficiales.
Por ello, la dimensión del problema rebasa las cifras: familias continúan buscando, mientras miles de restos permanecen sin identificación y la impunidad sigue creciendo diariamente.
En abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas concluyó que existen indicios fundados de desapariciones forzadas dentro de ataques generalizados o sistemáticos.
Además, el organismo consideró que esas prácticas podrían constituir crímenes de lesa humanidad, una conclusión que coloca nuevamente a México bajo escrutinio internacional directo.
Sin embargo, el gobierno mexicano cuestionó esa interpretación y sostuvo que la conclusión representa una opinión que no comparte, según el planteamiento recogido por organizaciones.
Por otra parte, Naciones Unidas ha señalado deficiencias persistentes en prevención, investigación y sanción, mientras las familias enfrentan obstáculos institucionales para conocer finalmente la verdad.
Asimismo, organizaciones mexicanas sostienen que las fiscalías carecen de autonomía efectiva y que las autoridades tampoco investigan suficientemente posibles vínculos entre funcionarios públicos y perpetradores.
En consecuencia, la crisis forense agrava el problema: investigaciones recientes estiman más de 72 mil restos humanos sin identificar, frente a 52 mil registrados anteriormente.
Además, Fundar reportó posteriormente una estimación superior a 79 mil cuerpos sin identidad al cierre de 2024, lo que evidencia la magnitud del rezago.
Por tanto, la Unión Europea enfrenta ahora una prueba concreta: convertir sus compromisos sobre derechos humanos y multilateralismo en acciones verificables frente a México.
Asimismo, el acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea incorpora compromisos sobre Estado de derecho, derechos humanos, independencia judicial, transparencia y combate a corrupción.
Inversiones europeas llegan a territorios bajo presión criminal
En mayo, México y la Unión Europea firmaron acuerdos que prometen fortalecer instituciones internacionales, derechos humanos, seguridad y cooperación económica entre ambas partes firmantes.
Sin embargo, el Parlamento Europeo también destacó beneficios comerciales potenciales, mientras organizaciones civiles preguntan si las inversiones europeas llegarán a territorios dominados por grupos criminales.
Por ejemplo, la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz expuso los riesgos que enfrentan defensores comunitarios en zonas donde operan intereses mineros locales.
Ambos defensores desaparecieron en enero de 2023, después de representar a comunidades indígenas en una disputa relacionada con una mina de hierro en Michoacán.
Además, la mina Las Encinas pertenece a Ternium, empresa con sede en Luxemburgo y operaciones siderúrgicas en América, según la información proporcionada por organizaciones civiles.
Posteriormente, familiares y Global Rights Advocacy presentaron una queja ante la OCDE contra Ternium, por presuntas deficiencias en conducta empresarial responsable frente al caso.
Asimismo, las familias reclamaron información y acciones para esclarecer la desaparición de ambos defensores, mientras la empresa enfrenta cuestionamientos sobre sus operaciones en esa región.
Por otro lado, organizaciones civiles sostienen que grupos criminales controlan territorios, economías locales y autoridades, generando condiciones que pueden comprometer inversiones y comunidades enteras.
En ese contexto, la Unión Europea no puede limitar su cooperación a administrar consecuencias: necesita evaluar impactos, exigir resultados y proteger defensores, periodistas y víctimas.
Además, el Parlamento Europeo plantea reforzar la independencia judicial, la buena gobernanza, la transparencia y las acciones contra corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Por ello, la próxima Asamblea General de Naciones Unidas representa una oportunidad para discutir mecanismos independientes que permitan atender las conclusiones del Comité contra Desaparición Forzada.
Finalmente, colectivos mexicanos proponen una comisión independiente que consulte a Estados, expertos y familias para definir un procedimiento frente a las desapariciones forzadas en México.
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La disyuntiva, por tanto, resulta clara: la Unión Europea puede respaldar el discurso multilateral o exigir resultados concretos ante una crisis humanitaria que continúa creciendo.
