El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, compareció este viernes ante un juez federal en el Estado de México para enfrentar la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputarle los delitos de desaparición forzada de personas y obstrucción de la justicia por su presunta participación en el encubrimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
La diligencia se desarrolla en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, con sede en Almoloya de Juárez, luego de que el exmandatario fuera ingresado el jueves al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 Altiplano, tras ser detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán.
De acuerdo con la imputación de la FGR, Ángel Aguirre Rivero habría ordenado la destrucción de grabaciones captadas por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, consideradas evidencia clave de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando policías municipales interceptaron un autobús en el que viajaban estudiantes normalistas.
Las investigaciones federales sostienen que alrededor de 20 jóvenes fueron obligados a descender del vehículo tras ser agredidos por agentes municipales y posteriormente entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, organización señalada como responsable de su desaparición.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo un día antes de la audiencia que la eliminación de las videograbaciones no fue una irregularidad administrativa, sino una acción deliberada para impedir el esclarecimiento del caso.
«Lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal», afirmó la fiscal.
Con base en esos elementos, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa obtuvo una orden de aprehensión contra el exgobernador por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
La comparecencia de Aguirre Rivero representa uno de los movimientos judiciales de mayor alcance en la investigación del caso Ayotzinapa, al colocar por primera vez a un exgobernador bajo proceso penal por presunto encubrimiento desde la estructura del poder estatal.
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A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, el caso continúa exhibiendo las fallas institucionales que permitieron el ocultamiento de evidencia y el prolongado retraso en el acceso a la verdad y la justicia para las familias de las víctimas.
