Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien gobernó a Tamaulipas hace casi dos décadas (1999-2004), se declaró culpable este jueves del cargo de “lavado de instrumentos monetarios”.
Durante una audiencia celebrada en la corte federal de Houston, Texas, ante la jueza Hilda G. Tagle, Yarrington aceptó haber recibido más de 3.5 millones en sobornos ilegales que usó para comprar propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos.
Esta declaración del ex mandatario tamaulipeco forma parte de un pacto con el gobierno de Estados Unidos, en el que supuestamente se acordó desestimar otros cargos como conspiración para la importación de cocaína y marihuana, proveer declaraciones falsas a instituciones bancarias y extorsión, entre otros de la acusación formal entregada en mayo del 2013.
El gobierno de Estados Unidos recomendó una sentencia de entre 8 y 11 años, aunque el máximo castigo sería de 20 años, trascendió en medios judiciales estadounidenses
Como parte de ese supuesto acuerdo, el Gobierno de Estados Unidos recomendaría que se le acrediten los 377 días que pasó en cárcel desde su detención en Italia hasta su extradición a los Estados Unidos en su sentencia.
También recomienda que la juez otorgue la sentencia más baja y se le confisque una propiedad que tiene en Puerto Isabel.
El gobierno de Estados Unidos recomendó una sentencia de entre 8 y 11 años, aunque el máximo castigo sería de 20 años
El proceso judicial contra Yarrington Ruvalcaba se reanudó el pasado 10 de marzo, con la primera audiencia celebrada a puerta cerrada, según la información del tablero judicial de la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, con sede en Brownsville.
Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba fue el gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas de 1999 a 2005, pero a principios del 2012 su gestión dio un giro de 180 grados cuando fue acusado -por un testigo protegido de la DEA- de haber lavado millones de dólares para Los Zetas y de estar involucrado en la logística criminal del cártel.
Inmediatamente después de las acusaciones, el funcionario huyó de la justicia mexicana y permaneció prófugo por cinco años sin que se conociera su paradero.
El 9 de abril de 2017 fue detenido en Florencia, pero más tarde se supo que durante su estancia en el país europeo permaneció oculto en un pueblo del sur de Italia, en Calabria. Viajaba con un nombre y pasaporte falsos.
En abril del 2018 el gobierno de Italia extraditó al ex gobernador a Estados Unidos, en lugar de a México, porque supuestamente argumentaron que las cárceles mexicanas estaban en “malas condiciones humanitarias”.
