A pesar de que desde 2021 se aprobó la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo, la entidad sigue formando parte de los seis estados del país que aún no cuentan con un órgano de procuración de justicia constitucionalmente autónomo, de acuerdo con la organización civil Causa en Común.
El informe ”Inseguridad, Justicia, Instituciones Rotas: el caso de las fiscalías” advierte que la transición hacia fiscalías autónomas en México ha sido lenta, desigual y, en muchos casos, meramente nominal. Hidalgo permanece rezagado junto con Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Campeche y Jalisco.
Actualmente, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo mantiene el control de la procuración de justicia mientras avanza el proceso para convertirse en la Fiscalía General, una transición que ya suma casi cinco años y que ahora tiene como fecha límite julio de 2028.
Aunque el encargado del despacho, Francisco Fernández Hasbun, asegura que el avance se encuentra entre 75 y 80 por ciento, los plazos originales han sido modificados en dos ocasiones.
La primera fecha establecía que el proceso concluiría en julio de 2024, pero el Congreso local amplió el periodo hasta julio de 2025. Posteriormente, la actual legislatura aprobó una nueva prórroga por tres años más, extendiendo la transición hasta 2028.
El retraso mantiene vigente uno de los principales señalamientos de Causa en Común: la falta de autonomía real en las instituciones de justicia y la persistencia de mecanismos sujetos a discrecionalidad política y subordinación al Poder Ejecutivo.
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En un estado golpeado por la inseguridad y la desconfianza ciudadana, la demora en consolidar una Fiscalía autónoma profundiza las dudas sobre la capacidad institucional para garantizar justicia independiente y efectiva.
