El hallazgo de 59 artefactos explosivos de fabricación casera en un autobús que transportaba estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y familiares de los 43 desaparecidos encendió las alertas de las autoridades federales, que ahora mantienen bajo investigación a una célula radical presuntamente ligada al Comité Estudiantil de la institución.
De acuerdo con información de inteligencia, los explosivos fueron localizados durante una revisión en la caseta de cobro de Tlalpan, sobre la autopista México-Cuernavaca.
Las investigaciones apuntan a que integrantes del Comité de Lucha habrían coordinado la fabricación y traslado de los artefactos para utilizarlos durante movilizaciones recientes en la Ciudad de México.
Entre los principales señalados se encuentra Jesús García Estrada, conocido como “El Coquillo”, identificado por reportes oficiales como presidente del Comité de Lucha y presunto responsable de coordinar la logística relacionada con la elaboración y distribución de los artefactos.
También se le vincula con actividades ilícitas como retención de vehículos, robo de diésel y mercancías.
Las investigaciones también mencionan a Juan Miguel Hernández Carbajal, alias “El Padrino” o “El Mamado”, señalado por autoridades como una figura con influencia sobre grupos radicales relacionados con Ayotzinapa.
Según las indagatorias, habría promovido acciones de confrontación y mantenido presencia en organizaciones paralelas surgidas tras diferencias internas entre colectivos vinculados al movimiento.
Las autoridades sostienen que los artefactos asegurados presentan un nivel de elaboración superior al de los petardos comúnmente utilizados en protestas. Según los reportes, fueron construidos con tubos de PVC, pólvora sellada con parafina y mecanismos de activación por fricción que permitirían una detonación retardada.
Especialistas consultados advirtieron que, aunque su capacidad letal sería limitada, pueden provocar lesiones, incendios y daños materiales significativos.
Las estimaciones derivadas de trabajos de inteligencia indican que el grupo investigado habría ordenado fabricar hasta mil artefactos para distintas movilizaciones, una cifra que incrementa la preocupación de las autoridades sobre la dimensión de la operación.
Además de las indagatorias sobre la fabricación y traslado de los explosivos, la Fiscalía General de la República integra diversas carpetas de investigación para determinar responsabilidades penales y rastrear posibles fuentes de financiamiento y apoyo logístico.
Entre las líneas de investigación también se analizan presuntos vínculos políticos, aunque hasta el momento no existe una determinación oficial sobre dichas hipótesis.
El caso representa un nuevo episodio de tensión alrededor del movimiento de Ayotzinapa, que durante más de una década ha mantenido presencia constante en la agenda pública nacional.
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Sin embargo, el aseguramiento de artefactos explosivos y las acusaciones sobre su posible utilización en protestas colocan ahora el foco en los métodos empleados por grupos radicalizados y en los riesgos que estas acciones podrían representar para la seguridad pública.
