Documentos integrados en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre huachicol fiscal colocan bajo escrutinio a figuras cercanas a la Cuarta Transformación (4T), luego de que dos testigos protegidos señalaran presuntos vínculos de altos funcionarios, operadores aduaneros y mandos de la Secretaría de Marina con una red de contrabando de combustibles.
Las declaraciones, rendidas ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), mencionan de manera recurrente a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador; al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y a funcionarios relacionados con el control de aduanas y puertos durante el proceso de militarización impulsado por el gobierno federal.
Según los testimonios, la operación habría funcionado mediante la simulación de importaciones, omisión de impuestos, manipulación de procesos aduaneros y presuntos pagos ilícitos distribuidos entre diversos funcionarios. Los declarantes sostienen que las maniobras requerían coordinación entre autoridades portuarias, aduaneras y mandos navales, lo que apuntaría a una estructura de protección institucional de alto nivel.
⭕ Los documentos de la @FGRMexico lo confirman: el #HuachicolFiscal fue una operación de Estado al más alto nivel de los gobiernos de la #4T. #AndrésLópezBeltrán, @adan_augusto y la plana mayor de la @SEMAR_mx aparecen de manera recurrente en el testimonio de los dos únicos… pic.twitter.com/8yLrZEnujW
— Código Magenta (@CodigoMagentaMx) June 2, 2026
El expediente incluye referencias a las operaciones del buque Torm Agnes y de la empresa Intanza, ambas bajo investigación por autoridades mexicanas y estadounidenses. Los testigos afirman que existían intervenciones políticas para evitar aseguramientos y permitir el ingreso de cargamentos de combustible.
Las revelaciones adquieren mayor relevancia porque el combate al huachicol fue una de las principales banderas del sexenio pasado. Sin embargo, las declaraciones ministeriales describen un esquema que, de confirmarse judicialmente, habría operado desde espacios estratégicos del propio aparato gubernamental.
Hasta el momento, las acusaciones forman parte de una investigación en curso y no constituyen resoluciones judiciales. No obstante, el contenido de los testimonios aumenta la presión sobre la FGR para ampliar las indagatorias hacia los niveles superiores de decisión política y administrativa señalados en las declaraciones.
De acuerdo con el reportaje de Código Magenta quien tuvo acceso a la declaración inédita de un funcionario de la Marina que fue un eje fundamental en el esquema de contrabando de combustible en la aduana de Guaymas, Sonora, durante el tiempo de Horacio Duarte como administrador General de Aduanas.
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El caso trasciende el ámbito del contrabando de combustibles. Lo que está en juego es determinar si las redes de huachicol fiscal fueron resultado de actos aislados de corrupción o si contaron con respaldo institucional suficiente para operar durante años desde puertos, aduanas y recintos fiscalizados bajo control del Estado mexicano.
