Las multas excesivas de miles de pesos que aplica el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) a micro, pequeños y medianos negocios de la Ciudad de México ha generado que dueños y responsables se conviertan en víctimas de actos de corrupción, ya que la extorsión por parte de los inspectores se ha convertido en una mafia que cobra derecho de piso con chaleco guinda y gafete.
En lo que va del año el Invea ha colocado más de mil sellos de suspensión y clausura en negocios mercantiles. Algunos de los afectados relatan que después de que inspectores colocan sellos de suspensión o de clausura a sus negocios; y tras acudir al Invea para conocer a detalle los documentos que deben presentar y la multa a pagar para reabrir, reciben llamadas a sus teléfonos personales con propuesta de cuotas que van de los 10 mil hasta los 45 mil pesos para dejarlos trabajar.
Por otro lado, destacan que el Invea cierra los negocios sin importarles que miles de familias se quedan sin empleo, y, por si fuera poco, esta acción detiene la economía en la capital mexicana. Ellos sugieren que se imponga la multa a pagar y dejen trabajar, ya que, también genera otro problema, impide obtener ingresos para el pago de impuestos.
Asimismo, subrayan qué en muchas ocasiones, los sellos son puesto de acuerdo con la interpretación de la ley, por lo que a veces les argumentan que necesitan otro permiso adicional y otros requerimientos, que en años no habían sido solicitado, por lo que las multas se vuelven impagables.
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Por último, consideran que la forma en que proceden los inspectores del Invea son como «una mafia»; ya que los empresarios o encargados de los negocios con los sellos reciben las llamadas y mensajes por WhatsApp con su expediente, número de folio y datos personales como número celular o fijo del negocio, cuya información «supuestamente sólo tiene el Invea».
